El procedimiento para la calificación de la incapacidad permanente

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El Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Instituto Social de la Marina, en su caso, tienen encomendada la gestión de las prestaciones por incapacidad permanente en su modalidad contributiva. En el ejercicio de su actividad administrativa, las entidades mencionadas realizan una serie de trámites y actos jurídicos que tienen como finalidad el reconocimiento de un derecho subjetivo público de protección social.

El procedimiento de calificación de la incapacidad permanente está constituido por la fase de iniciación, instrucción y terminación.

  1. La iniciación del procedimiento administrativo: evaluar la incapacidad en orden al reconocimiento de la prestación.

El procedimiento para evaluar la incapacidad en orden al reconocimiento del derecho a las prestaciones económicas por incapacidad permanente puede iniciarse por tres medios diferentes en función de los sujetos legitimados para ello:

  1. A instancia de oficio – las Direcciones Provinciales del INSS iniciaran de oficio el procedimiento por propia iniciativa, cuando consideren por cualquier circunstancia, que el trabajador se encuentra en un estado que pueda ser constitutivo de una situación de incapacidad permanente. Habitualmente ocurre cuando se extingue la situación de incapacidad temporal por el transcurso del plazo máximo de su duración, y se emite el alta médica por agotamiento de la incapacidad temporal. Asimismo, el procedimiento se inicia de oficio como consecuencia de petición razonada de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
  2. A solicitud del propio trabajador o su representante legal – la iniciación se lleva a cabo en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS), atendidos por funcionarios especializados. La solicitud es requisito necesario para la incoación del procedimiento y su posterior desarrollo. La solicitud se formula por el interesado en los modelos vigentes preestablecidos.
  3. A solicitud de las Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social – por ejemplo, una Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social o una empresa colaboradora en la gestión. Las entidades colaboradoras podrán incoar el procedimiento cuando se ven afectadas directamente y consideran que, por cualquier circunstancia, el trabajador se encuentra en un estado que pueda ser constitutivo de una situación de incapacidad permanente. Para ello, elabora un expediente que pondrá en conocimiento del trabajador afectado el día siguiente a aquel en que tenga lugar la iniciación de la mencionada situación. En el expediente deberán constar todos los datos que sean necesarios para la identificación del trabajador,  y en su caso, empresa o empresas en las que prestase sus servicios, así como sus antecedentes profesionales, la profesión habitual, su categoría profesional y la función y descripción del trabajo que realizase al producirse la contingencia. En los accidentes de trabajo deberá acompañarse el parte correspondiente, la declaración de existencia o no de posibilidad de recuperación, el acuerdo de la entidad colaboradora en el que se estime probable la existencia de una situación constitutiva de incapacidad permanente, así como otros documentos  que puedan facilitar, a juicio de la entidad colaboradora, la actuación de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Las empresas sólo están legitimadas para iniciar el procedimiento si son colaboradoras en la gestión. En caso contrario, están legitimadas, siempre que sean responsables de las prestaciones, para instar el procedimiento de revisión y no el de declaración inicial.

En la esfera del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, el correspondiente procedimiento se iniciará por el Instituto Social de la Marina. A tal fin, dicho Instituto elaborará y presentará ante la Dirección Provincial competente del INSS un expediente previo en el que se integrará cuanta documentación, en atención a la naturaleza del expediente de que se trate, resulte precisa para la actuación del Equipo de Valoración de Incapacidades.

  1. La instrucción del procedimiento

Las Direcciones Provinciales del INSS competentes para la instrucción, realizarán de oficio cuantas actuaciones fuesen necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deben dictar la resolución, así como para la evaluación y calificación de la incapacidad.

Para la instrucción del procedimiento se requerirán los siguientes documentos e informes:

  • Aportación de la alta médica de asistencia sanitaria y del historial clínico, previo consentimiento del interesado o de su representante legal.
  • Formulación del dictamen propuesta por el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI), que estará acompañado, a su vez, de los siguientes informes: informe médico de síntesis, informe de los antecedentes profesionales, informe de alta y cotización que condicionan el acceso al derecho, informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Examinado el informe médico de síntesis y el de antecedentes profesionales del interesado, y cuanta documentación contenga el expediente, el EVI procederá a emitir y elevar al Director Provincial del INSS dictamen propuesta sobre los siguientes:

  • Anulación o disminución de la capacidad para el trabajo, calificación en sus ddistintos grados y contingencia determinante;
  • Plazo a partir del cual se podrá instar la revisión del grado de incapacidad por agravación o mejoría;
  • Procedencia o no de la revisión por previsible mejoría de la situación de incapacidad del trabajador, a efectos de la posible reserva del puesto de trabajo;
  • Disminución o alteración de la integridad física del trabajador por existencia de lesiones permanentes no invalidantes, causadas por accidente de trabajo o enfermedad profesional;
  • Porcentaje de incremento de la prestación y posibilidad de recuperación del trabajador, en caso de haberse apreciado falta de medidas de prevención de riesgos laborales.
  1. Trámite de audiencia

Es necesario darse trámite de audiencia para alegaciones, al trabajador como principal afectado, y a la entidad colaboradora en la gestión, en el caso de que exista propuesta de recargo de prestaciones por falta de medidas de prevención de riesgos laborales. El plazo para formular alegaciones es de 10 días.

  1. Terminación del procedimiento administrativo

La forma ordinaria de terminación del procedimiento administrativo incoado es por resolución.  Cumplimentados todos los trámites previos se elaborará la propuesta de resolución en la que se determinara si el solicitante tiene o no derecho a la prestación por incapacidad permanente que corresponda.  La propuesta de resolución debe ir firmada por el Director Provincial del INSS o del Instituto Social de la Marina.

La resolución favorable o desfavorable debe ser motivada con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho. En todas las resoluciones en que se reconozca un determinado grado de incapacidad, se hará constar necesariamente el plazo a partir del cual se podrá instar la revisión por agravación o mejoría del estado invalidante.

La resolución debe ser dictada y notificada en el plazo de 135 días desde la iniciación del procedimiento. De no dictarse en dicho plazo se entenderá denegada por silencio administrativo.

Existen otros dos métodos de finalizar el procedimiento: el desistimiento y la declaración de caducidad. Estas formas de terminación únicamente serán aplicables a los procedimientos que se hayan iniciado a solicitud del propio trabajador. La renuncia como forma de poner fin al procedimiento se considera excluida del ámbito de la acción protectora de la Seguridad Social, ya que las prestaciones económicas del sistema son irrenunciables.

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