Derecho de familia

El Tribunal Supremo: manutención de un menor a cargo de la Administración

recursos.economicos¿Qué sucede con la manutención de los menores cuando los padres carecen de recursos económicos?

Las crises familiares han acabado en separaciones y divorcios pero al estar de por medio menores se les otorga una amplia protección y siempre hay que velar por sus derechos e intereses. La crisis económica y financiera que atraviesa en la actualidad el Estado español hace que los progenitores se vean incapaces de hacer frente a la obligación de pagar la pensión de alimentos. Sobre un supuesto de falta de recursos económicos de los progenitores versa la Sentencia del Tribunal Supremo  184/2016 de 18 de marzo de 2016 (Rec. 2541/2014), que ha señalado la obligación de los servicios sociales de la Administración Pública a cubrir la manutención de un menor ante la incapacidad económica del padre a hacer frente a la misma por encontrarse en situación de pobreza extrema.

La Sala de lo Civil ha fallado a favor de un padre divorciado que recurrió la sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife después de elevar -por demanda de su ex cónyuge – la manutención mensual de 63 a 125 euros. Además de esta cantidad en concepto de pensión de alimentos, también tenía que hacer frente al 50% de los gastos extraordinarios de la educación, crianza o instrucción del menor. El alto tribunal da la razón a este padre y confirma la sentencia fijada en primera instancia al considerar que la obligación del padre hacia el menor “cesa cuando la fortuna del obligado a darlos se hubiere reducido hasta el punto de no poder satisfacerlos sin desatender sus propias necesidades“. “Estamos pues ante un escenario de pobreza absoluta que exigiría desarrollar aquellas acciones que resulten necesarias“, argumenta la Sala recurriendo a la doctrina fijada en otras tantas sentencias. En este caso, tras el divorcio, el padre –que dejó de recibir la prestación por desempleo en abril de 2012- vive con su madre y es ésta quien tiene que ayudarle con los gastos ordinarios. Por su parte, la ex cónyuge no tiene un empleo fijo y realiza trabajos esporádicos como limpiadora, debiendo asumir el pago del alquiler de 300 euros de la vivienda en la que reside con el hijo en común. La discrepancia se encuentra en que la Audiencia entendió que los 63 euros que sí puede pagar el padre no dan cobertura al mínimo vital y que el interés del hijo es prioritario. “De inicio se ha de partir de la obligación legal que pesa sobre los progenitores basada en un principio de solidaridad familiar“, explica el Supremo que, no obstante, añade que “ante una situación de dificultad económica habrá que examinarse el caso concreto“. “Lo normal sería fijar siempre en supuestos de esta naturaleza un mínimo que contribuya a cubrir los gastos repercutibles más imprescindibles para la atención y cuidado del menor, y admitir sólo con carácter muy excepcional, con criterio restrictivo y temporal, la suspensión de la obligación“, argumenta la Sala. Tal doctrina se reiteró en la STS de 2 de marzo de 2015, Rc. 735/2014 (LA LEY 10078/2015), en la que recoge que: «El interés superior del menor se sustenta, entre otras cosas, en el derecho a ser alimentado y en la obligación de los titulares de la patria potestad de hacerlo “en todo caso”, conforme a las circunstancias económicas y necesidades de los hijos en cada momento, como dice el artículo 93 del Código Civil (LA LEY 1/1889) , y en proporción al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe, de conformidad con el artículo 146 CC (LA LEY 1/1889) . Ahora bien, este interés no impide que aquellos que por disposición legal están obligados a prestar alimentos no puedan hacerlo por carecer absolutamente de recursos económicos, como tampoco impide que los padres puedan desaparecer físicamente de la vida de los menores, dejándoles sin los recursos de los que hasta entonces disponían para proveer a sus necesidades.

Según la doctrina que se recoge en las citadas sentencias y atendiendo a la situación precaria del mínimo vital de la unidad familiar, resulta ilusorio querer salvar el “mínimo vital” del hijo. La solución a tales situaciones es recogida por las sentencias más arriba mencionadas debiendo ser las Administraciones Publicas a través de servicios sociales las que remedien aquellas situaciones en que tales mínimos no estén cubiertos.

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