Derecho fiscal

La plusvalía municipal tras la sentencia del Tribunal Supremo

¿Qué es la plusvalía municipal?

La plusvalía municipal es un impuesto que grava el incremento del valor experimentado -a lo largo de un periodo máximo de 20 años- por los terrenos de naturaleza urbana. Es un tributo establecido por los ayuntamientos, de naturaleza directa y se aplica en los casos de compraventa o permuta, donación y herencia. El propio ayuntamiento decide si exige o no dicho impuesto a los contribuyentes y establece los tipos impositivos aplicables mediante ordenanza fiscal. Lo que tributa es únicamente el valor del suelo, por tanto, el valor de la construcción no se tiene en consideración.

¿Quién ha de pagar la plusvalía municipal?

Para responder correctamente a esta pregunta tenemos que diferenciar el tipo de operación que se lleva a cabo. Es decir, si estamos ante una donación, el obligado a pagar o sujeto pasivo del impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana es el adquirente del terreno a cuyo favor se constituye el derecho real. En cambio, si estamos ante una compraventa el sujeto pasivo es el transmitente del terreno, es decir, el vendedor es el que tiene que asumir la plusvalía municipal. Hay una excepción a esta regla y es cuando el vendedor es una persona no residente en España. En ese caso, el comprador sustituye al vendedor y ha de afrontar el pago de la plusvalía municipal.

¿Por qué se ha vuelto polémico el pago de la plusvalía municipal?

La razón que confiere este aire polémico al impuesto municipal es que se aplica con independencia de si existe o no beneficio para el contribuyente. Esto es, en tanto en cuanto el valor catastral del suelo crece el contribuyente estará obligado a tributar por plusvalía municipal sin importar que con dicha venta perdiera dinero o que el valor real del suelo no hubiera cambiado. Durante el esplendor del boom inmobiliario, el impuesto tenía sentido porque los inmuebles siempre se revalorizaban. Pero, con la llegada de la crisis, la situación cambió, y los afectados acudieron a los tribunales, incluso hasta el Tribunal Constitucional.

En fecha de 11 de mayo de 2017, el Tribunal Constitucional dicto sentencia estimando la cuestión de inconstitucionalidad declarando que: “los artículos 107.1, 107.2 ª a todos ellos del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, son inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor”. Esto es, se declara la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales con base en que “vulneraban el principio constitucional de capacidad económica” por gravar operaciones con pérdidas por la “mera titularidad del terreno“.

Este hecho hizo que los afectados demandasen a los ayuntamientos solicitando la devolución de cantidades indebidamente pagadas.

El alcance de la Sentencia del Tribunal Supremo

La Sentencia del Tribunal Supremo viene a matizar el alcance de la inconstitucionalidad de los artículos previstos por la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en el sentido de que la misma es sólo “parcial” y que “resultan plenamente aplicables en todos aquellos supuestos en los que el obligado tributario no ha logrado acreditar que la transmisión no ha puesto de manifiesto un incremento de su valor” y aclara que la carga de la prueba para acreditar que no hubo una “plusvalía real y efectiva” con la venta corresponde al contribuyente.

¿Qué efectos tiene dicha matización sobre los contribuyentes?

En primer lugar, aquellos que tienen una ganancia con la venta del inmueble no tendrán derecho a ningún tipo de devolución.

En segundo lugar, aquellos que quieren reclamar la devolución del dinero del Ayuntamiento por considerar que han pagado de más, dado que con la venta del inmueble han sufrido una pérdida tienen que demostrarlo, aunque sea de manera indiciaria. Las escrituras públicas servirían como prueba al reflejar la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión.

En caso de que se ha de realizar alguna comprobación correspondería a la Administración.

En conclusión, tras la Sentencia del Tribunal Supremo, los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4, de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que regulan el cálculo de la base imponible del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, podrán anularse solo cuando se haya probado por parte del contribuyente, aunque sea de manera indiciaria, la existencia de una pérdida de valor. Estamos ante unos artículos cuya inconstitucionalidad es sólo “parcial”.

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