Derecho laboral

Incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo

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El pasado 1 de diciembre de 2016, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el asunto C-395/15, emitió sentencia que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de lo Social nº 33 de Barcelona. La quinta cuestión prejudicial plantea: « ¿Entraría en el concepto de “discriminación directa por discapacidad” –como motivo de discriminación contemplados en los artículos 1,2 y3 de la Directiva 2000/78 – la decisión empresarial de despedir a un trabajador, hasta aquel momento bien conceptuado profesionalmente, por el solo hecho de estar en situación de incapacidad temporal – de duración incierta – por causa de un accidente laboral? »

Hechos:            

El demandante fue contratado en fecha de 17 de abril de 2014 por la parte demandada para trabajar como ayudante de cocina en uno de los restaurantes de un hotel situado en Barcelona. Suscribieron un contrato con carácter eventual justificado por un aumento de trabajo en el restaurante, por una duración de tres meses y a jornada parcial. Se estableció un periodo de prueba de 30 días. El 1 de julio de 2014, las partes pactaron la conversión de dicho contrato a jornada completa, y con fecha de 15 de julio de 2014 se prorrogó el contrato por nueve meses.

El 3 de octubre de 2014 el demandante resbaló en la cocina del restaurante en el que trabajaba, dislocándose el codo izquierdo, posteriormente enyesado. En la mencionada fecha, el demandante inició el proceso para que se le reconociera una incapacidad temporal derivada de accidente laboral.

A las dos semanas del accidente laboral, el Jefe de Cocina contactó con el demandante interesándose por su estado médico y por la previsión de duración su incapacidad temporal. El demandante le manifestó que su reincorporación no podía ser inmediata.

El 26 de noviembre de 2014, el demandante, encontrándose aún en situación de incapacidad temporal, recibió carta de despido motivada en despido disciplinario fundamentado con el siguiente tenor literal: «no alcanzar las expectativas establecidas por la empresa ni el rendimiento que la empresa considera adecuado o idóneo para el desempeño de sus tareas en su puesto de trabajo».

El demandante interpuso demanda ante el Juzgado de lo Social nº 33 de Barcelona alegando principalmente que se declare la nulidad de su despido con arreglo al artículo 108.2 de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social, argumentando que el despido vulnera su derecho fundamental a la integridad física consagrado en el artículo 15 de la Constitución Española, en particular porque el directivo de la empresa le había indicado que se reincorporará al trabajo el fin de semana del 17 al 19 de octubre de 2014, lo que no podía hacer. Por otra parte, alegó que dicho despido, al tener por causa o motivo real su situación de incapacidad temporal derivada de su accidente de trabajo, es discriminatorio y guarda relación con el concepto de “discapacidad” con arreglo a la Directiva 2000/78 y a la sentencia de 11 de abril de 2013, HK Danmark (C-335/11 y C-337/11, EU: C: 2013: 222) y, subsidiariamente, la declaración del despido improcedente.

El Juzgado de lo Social nº 33 de Barcelona indica que se han acreditado hechos suficientes para considerar que, aunque el despido del demandante  es un despido con formalidad y apariencia disciplinaria, su motivo real es la situación de incapacidad – de duración incierta- derivada del accidente laboral.

El Juzgado se pregunta si tal despido no es contrario al Derecho de la Unión en la medida en que viola el principio de no discriminación y vulnera el derecho a protección en caso de despido injustificado, el derecho a unas condiciones de trabajo justas y equitativas, el derecho de acceso a las prestaciones de seguridad social y el derecho a la protección de la salud, consagrados, respectivamente, en el artículo 21.1, en los artículos 30 y 31, en el artículo 34.1 y en el artículo 35 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Comentario:

El TJUE precisa que el artículo 1 de la Directiva 2000/78 tiene por objeto establecer un marco general para luchar, en el ámbito del empleo y la ocupación, contra las discriminaciones previstas en el mencionado artículo, entre los que está la discapacidad. La mencionada Directiva se aplica a todas las personas, tanto del sector público como privado, en relación, en particular, con las condiciones de despido, de conformidad con su art. 3.1 c).

A raíz de la ratificación por la Unión de la Convención de la ONU sobre la discapacidad mediante la Decisión 2010/48, el Tribunal de Justicia ha estimado que el concepto de “discapacidad” en el sentido de la Directiva 2000/78 debe entenderse como referido a una limitación, derivada en particular de dolencias físicas, mentales o psíquicas, a largo plazo, que, al interactuar con diversas barreras, puede impedir la participación plena y efectiva de la persona de que se trate en la vida profesional en igualdad de condiciones con los demás trabajadores. En particular, la Directiva comprende las discapacidades debidas a accidentes.

En el presente pronunciamiento el TJUE pide al Juzgado catalán a que determine si la situación del demandante posee “carácter de duradera”, en cuyo caso estaría incluida en el concepto de discapacidad previsto por la Directiva 2000/78.

El TJUE hace hincapié en que, el hecho que el interesado se halle en situación de incapacidad temporal, con arreglo al Derecho nacional, de duración incierta, a causa de un accidente laboral no significa, por sí solo, que la limitación de su capacidad pueda ser calificada de “duradera”, con arreglo a la definición de “discapacidad” mencionada por la Directiva 2000/78, interpretada a la luz de la Convención  de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobada en nombre de la Comunidad Europea por la Decisión 2010/48/CE del Consejo, de 26 de noviembre de 2009.

Para comprobar el carácter duradero de una limitación, se debe tener en cuenta, entre otros, que en la fecha del hecho presuntamente discriminatorio, la incapacidad del interesado no presente una perspectiva clara de finalización a corto plazo o, que dicha incapacidad, pueda persistir más allá del tiempo medio necesario para curar una herida de ese tipo.

El juzgado remitente, para comprobar el carácter de “duradero”, debe basarse en todos los elementos objetivos de que disponga, en particular, en documentos y certificados relativos al estado de dicha persona, redactados de los conocimientos y datos médicos y científicos actuales.

En conclusión, el TJUE afirma que una incapacidad temporal causada por un accidente laboral puede calificarse como “discapacidad”, si la lesión supone una limitación derivada de dolencias físicas “duraderas” que pueda impedir la participación “plena y efectiva” del trabajador en su vida profesional, en igualdad de condiciones con el resto de trabajadores.

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