Derecho de familiaDerecho laboral

¿Puede el hijo de un padrastro o madrastra que tiene la condición de trabajador migrante beneficiar de ventajas sociales?

vida familiar

La pregunta formulada en el título del presente artículo es la que ha sido objeto de tres cuestiones prejudiciales, redactadas en términos idénticos excepto un detalle, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por parte del Tribunal Supremo de lo Contencioso – Administrativo de Luxemburgo (la Cour Administratif de Luxembourg) al amparo del art. 267 TFUE.

El Derecho luxemburgués prevé que los hijos de los trabajadores fronterizos que trabajan en Luxemburgo o ejercen su profesión en dicho país puedan solicitar una ayuda financiera («beca») para cursar estudios superiores siempre que, entre otros requisitos, el trabajador fronterizo haya trabajado en Luxemburgo durante un período ininterrumpido de cinco años en el momento de presentar la solicitud.

Noémie Depesme, Adrien Kaufmann y Maxime Lefort viven cada uno en una familia reconstituida, formada por su madre genética y su padrastro[1] respectivamente. Cada una de estas tres personas solicitó becas en Luxemburgo, al haber trabajado allí, de modo ininterrumpido desde hace más de cinco años, sus respectivos padrastros (en cambio, ninguna de las madres trabaja en dicho país). Las autoridades luxemburguesas desestimaron estas solicitudes, debido a que la Sra. Depesme y los Sres. Kaufmann y Lefort no eran jurídicamente «hijos» de un trabajador fronterizo, sino sólo «hijastros».

Los tres estudiantes impugnaron las resoluciones de las autoridades luxemburguesas, la Cour administratif de Luxembourg, que conoce del asunto, pregunta esencialmente al Tribunal de Justicia si, en materia de ventajas sociales, también deben incluirse en el concepto de «hijo» a los hijastros. Es decir, se trata de determinar si el vínculo de filiación puede ser considerado desde un punto de vista que no sea jurídico, sino económico.

 

“La cuestión planteada, en su formulación más completa, es la siguiente:

«A fin de satisfacer debidamente los requisitos de no discriminación a los efectos de lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2, del Reglamento [n.º 492/2011], en relación con el artículo 45 TFUE, apartado 2, a la luz del artículo 33, apartado 1, de la Carta, conjuntamente, en su caso, con su artículo 7, en el marco de la consideración del grado real de conexión de un estudiante no residente, que solicita una ayuda económica para estudios superiores, con la sociedad y el mercado de trabajo de Luxemburgo, Estado miembro donde un trabajador transfronterizo está empleado o ejerce su actividad en las condiciones previstas en el artículo 2 bis de la Ley [de 22 de junio de 2000 modificada], promulgada como consecuencia directa de la sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de junio de 2013[, Giersch y otros (C‑20/12, EU:C:2013:411)],

–        ¿debe determinarse el requisito de que dicho estudiante sea “hijo” de dicho trabajador transfronterizo como equivalente para él de “descendiente en línea directa y en primer grado cuya filiación se presume legalmente con respecto a su autor”, haciendo hincapié en el vínculo de filiación acreditado entre el estudiante y el trabajador transfronterizo, en el que se basaría el vínculo de conexión exigido?, o bien

–        ¿debe insistirse en el hecho de que el trabajador transfronterizo “continúa sufragando los gastos de manutención del estudiante” sin que necesariamente un vínculo jurídico de filiación le una a él, forjándose así un vínculo de comunidad de vida suficiente para vincularlo a uno de los padres del estudiante con respecto al cual el vínculo de filiación sí está jurídicamente establecido?

Desde este segundo punto de vista, la contribución, presuntamente no obligatoria del trabajador transfronterizo, en caso de no ser exclusiva, sino paralela a la del progenitor o de los progenitores unidos por un vínculo jurídico de filiación con el estudiante y por ende sujetos en principio a una obligación legal de alimentos respecto al mismo, ¿debe ajustarse a ciertos criterios de relevancia?”

El Abogado General Melchior Wathelet recuerda, en sus conclusiones, que según el Reglamento nº 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión, un trabajador nacional de un Estado miembro debe gozar en cualquier otro Estado miembro en el que trabaje de las mismas ventajas sociales y fiscales que los trabajadores nacionales. Asimismo recuerda que en materia de ciudadanía de la Unión, la Directiva 2004/38[2] define a los hijos como «los descendientes directos menores de 21 años o a cargo y los del cónyuge o de la pareja». A su juicio, la familia de un ciudadano de la Unión debe ser la misma que la de los ciudadanos de la Unión cuando éstos son percibidos en su condición de «trabajador». También señala que el Tribunal de Justicia ya ha declarado, en materia de escolarización de hijos (incluida en el ámbito de aplicación del mismo Reglamento) que tanto los descendientes del trabajador migrante como los de su cónyuge tienen derecho a ser admitidos en el sistema educativo del Estado miembro de acogida[3]. El propio legislador de la Unión ha confirmado, en una directiva[4] reciente cuyo ámbito de aplicación es idéntico al del citado Reglamento, la unidad del concepto de «miembros de la familia», en el sentido de que los hijos del cónyuge de un trabajador fronterizo deben ser considerados «miembros de la familia» de ese trabajador. El Abogado General considera que esta interpretación es conforme con la interpretación de la «vida familiar», protegida por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y que, por otro lado el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha apartado progresivamente del criterio relativo al «vínculo de parentesco» para reconocer la posibilidad de «vínculos familiares de hecho»[5].

El Abogado General concluye que un hijo que no tiene un vínculo jurídico con el trabajador migrante pero que responde a la definición de «miembro de la familia» a efectos de la Directiva 2004/38 debe tener la consideración de hijo de este trabajador y, por tanto, tener derecho a las ventajas sociales previstas en el Reglamento susodicho.

En lo que refiere al nivel de contribución necesario para el mantenimiento de un estudiante con el que el trabajador fronterizo no tiene vínculo jurídico, el Abogado General recuerda que la calidad de miembro de la familia a cargo resulta de una situación de hecho[6], por lo que esta jurisprudencia debe aplicarse también a la contribución que realiza un cónyuge respecto de sus hijastros. De este modo, la contribución a la manutención del hijo puede demostrarse por medio de elementos objetivos, como el matrimonio o la unión registrada o un domicilio común, sin que sea necesario determinar los motivos por los que se recurre a este apoyo ni calcular su cuantía de forma precisa.

[1]  En el presente asunto, por “padrastro” ha de entenderse el varón, distinto del padre genético, con el que la madre se ha casado o ha celebrado una unión registrada equivalente al matrimonio. Del mismo modo, la expresión “hijastro” debe entenderse en el presente asunto como el hijo cuya madre genética se ha casado o ha celebrado una unión registrada equivalente al matrimonio con un varón distinto al padre genético.

[2] Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO L 158, p. 77, y corrección de errores en DO 2004, L 229, p. 35)

[3] Sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de septiembre de 2002, Baumbast y R (C-413/99).

[4]  Directiva 2014/54/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 abril de 2014, sobre medidas para facilitar el ejercicio de los derechos conferidos a los trabajadores en el contexto de la libre circulación de los trabajadores (DO L 128, p. 8)

[5] Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 22 de abril de 1997, dictada en el asunto X, Y et Z c. Reino Unido (nº 21830/93, §§ 36 y 37

[6] Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de junio de 1985, Lebon (C-316/85

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