Derecho laboral

¿Qué es la incapacidad permanente?

Incapacidad-permanenteLa incapacidad permanente es una prestación económica que tiene por objetivo cubrir la pérdida de rentas salariales o profesionales que sufre una persona, cuando estando afectada por un proceso patológico o traumático derivado de una enfermedad o accidente,  ve reducida o anulada su capacidad de manera presumiblemente definitiva. El artículo 136 de la LGSS establece el concepto legal de incapacidad permanente: “La situación del trabajador que después de haber estado sometido al tratamiento prescrito y de haber sido dado de alta médicamente, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y pre-visiblemente definitiva”.

Características

Las secuelas deben producirse de forma sobrevenida a la constitución de la relación con la Seguridad Social. No obstante, hay que tener en cuenta que las reducciones anatómicas o funcionales existentes en la fecha de afiliación del interesado en la Seguridad Social no impedirán la calificación de la situación de incapacidad permanente, cuando se trate de personas con discapacidad y con posterioridad a la afiliación dichas reducciones se hayan agravado, provocando por sí mismas o por concurrencia de nuevas lesiones o patologías una disminución o anulación de la capacidad laboral que tenía el interesado en el momento de su afiliación (Art. 136. 2 LGSS).

La situación de incapacidad permanente exige tratamiento médico anterior, sin que la falta de alta médica impida el acceso a la prestación y debe derivarse de la situación de incapacidad temporal, excepto que afecte a quienes carezcan de protección en cuanto a dicha incapacidad temporal (Art. 136.3 LGSS).

Las patologías o lesiones deben comprobarse objetivamente y deben ser previsiblemente definitivas. La incapacidad permanente se debe medir por su repercusión en la capacidad laboral del trabajador para su profesión y para todo trabajo, exigiéndose una valoración individualizada de las lesiones.

Los grados de incapacidad

La incapacidad permanente se clasificará, en función de la reducción de la capacidad de trabajo del interesado:

Incapacidad permanente parcial para la profesión habitual[1], es la que, sin alcanzar el grado de total, ocasiona al trabajador una disminución no inferior al 33% en su rendimiento normal para dicha profesión, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma. (Para los autónomos el porcentaje es de 50%).

Incapacidad permanente total para la profesión habitual, es la que inhabilita al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta. Una variante de ese grado, es la incapacidad permanente total cualificada, que consiste en un incremento en el porcentaje de pensión para aquellos beneficiario de la incapacidad permanente total, debido a su edad, falta de preparación general o especializada y circunstancias sociales y laborales del lugar de residencia, se presuma la dificultad de obtener empleo en actividad distinta de la habitual.

Incapacidad permanente absoluta para todo trabajo, es la que inhabilita por completo al trabajador para toda profesión u oficio.

Gran invalidez, es la situación del trabajador afecto de incapacidad permanente y que, por consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesita la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos.

Hecho causante de la prestación de incapacidad y requisitos

Para tener derecho a la prestación de incapacidad permanente el trabajador debe reunir determinados requisitos. Estos son: encontrarse afiliado y en alta o situación asimilada al alta en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social; haber sido declarado en situación de incapacidad permanente, cuya resolución compete al director provincial del INSS, y acreditar un mínimo de cotización variable en función de la edad del trabajador en el momento del hecho causante. El posible beneficiario no podrá tener cumplida la edad de 65 años, o teniéndolos cumplidos, no reunir los requisitos para acceder a pensión de jubilación.

El hecho causante de la prestación de incapacidad permanente depende de que el trabajador este en situación de alta o no. En el caso de que el trabajador se encuentre en alta en alguno de los regímenes del sistema, y siempre que se haya agotado el periodo máximo de duración de la incapacidad temporal, el hecho causante será la fecha del agotamiento. Los efectos económicos de la prestación en éste caso serán los de la resolución del Director Provincial, salvo que la cuantía de la prestación económica de incapacidad permanente sea superior a la que venía percibiendo el trabajador por incapacidad temporal, en cuyo caso los efectos se retrotraerán al día siguiente de la fecha de extinción de esta última. En el caso de que no se haya agotado el periodo máximo de duración de la incapacidad temporal o de que el trabajador no proceda de dicha situación, el hecho causante será la fecha de emisión del dictamen propuesta del Equipo de Valoración de Incapacidades. Los efectos económicos en éste supuesto quedarán fijados en la misma fecha de emisión del dictamen médico. En el supuesto de que el trabajador estuviera en situación de no alta, la fecha del hecho causante será en todo caso la fecha de la solicitud de la prestación, siendo los efectos económicos del mismo día de la solicitud.

Extinción, denegación, anulación y suspensión del derecho

La prestación de incapacidad permanente tiene una duración indeterminada, aunque está sujeta a revisión en cualquier momento, y cuyo plazo se hará constar necesariamente en toda resolución inicial. Se extingue por las siguientes causas: revisión de la incapacidad permanente declarada, causar el beneficiario derecho a pensión de jubilación, previa opción por esta prestación del incapacitado y fallecimiento del beneficiario.

El derecho a la prestación de incapacidad permanente puede ser denegado anulado o suspendido por las siguientes causas: por actuación fraudulenta del beneficiario para obtener o conservar la prestación, por imprudencia temeraria que cause o agrave la situación, por ser la causa debida agraviamiento o abandono por el beneficiario, sin causa razonable, del tratamiento prescrito durante la situación de incapacidad temporal, por haber rechazado o abandonado, sin causa razonable, el tratamiento o procesos de readaptación y rehabilitación procedentes.

[1] Por profesional habitual se entiende, la que en caso de accidente, se desempeñe normalmente en el momento de sufrirlo, y en caso de enfermedad, aquella a la que el trabajador dedicaba su actividad fundamental durante el año anterior a la iniciación de la misma.

Deja un comentario