Derecho laboral

Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de febrero 2016

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La Sentencia del Tribunal Supremo 1030/2016, de 23 de febrero (rec. 2271/2014) viene a esclarecer el supuesto recogido por el artículo 48.2 del Estatuto de los Trabajadores en relación con el art. 143.2 TRLGSS (actualmente  art. 200.2 TRLGSS) que, en concreto, versa sobre la posibilidad de suspender la relación laboral (con derecho a la reserva del puesto de trabajo) si en la resolución que reconoce la incapacidad permanente y que pone fin a la incapacidad temporal, se hace constar una previsible mejoría.

Para entender mejor el caso es necesario concretar los HECHOS:

Una trabajadora con contrato indefinido a tiempo parcial y categoría profesional de limpiadora inicia el 15/02/2012 un proceso de incapacidad temporal con diagnóstico contusión dedo pie, siendo dada de alta por la Inspección médica el 26/12/2012. El 27/01/2012 inicia nuevo proceso de incapacidad temporal con diagnóstico espondilolistesis adquirida, acordando el INSS reconocer la prórroga de la incapacidad temporal por un plazo máximo de 180 días, al haber agotado, con fecha 13/03/2013, la duración máxima de 365 días. La empresa le dio de baja en la TGSS el 09/09/2013. Con fecha de 20/01/2014, por resolución del INSS, la trabajadora es declarada en situación de incapacidad permanente total (IPT). En la resolución consta como plazo, a partir del cual puede procederse a la revisión por agravación o mejoría el 01/12/2015.

En fecha de 03/10/2013, la trabajadora promovió la preceptiva conciliación que se celebró ante el CEMAC con el resultado “intentado sin efecto”. Posteriormente interpuso demanda que fue desestimada. La representación procesal de la trabajadora interpuso recurso de suplicación ante el TSJ de Andalucía en la provincia de Granada. La STSJ de Andalucía (rec. 581/2014) estima el recurso formulado, declara como improcedente el cese de la actora realizado el 09/09/2013 y, en consecuencia, condena a la empresa a que opte entre readmitir o indemnizar.

A diferencia de la instancia (que estima que no existía voluntad extintiva real del empresario, sino concurrencia legal de agotamiento del plazo máximo de duración de la IT) el TSJ entiende que la conducta empresarial entraña un auténtico despido ya que el 09/09/2013, estando el contrato suspendido, se le da de baja ante la TGSS, liquidándole las diferencias salariales. En concreto, estima que lo que procedía era, tras el agotamiento del plazo, o bien permitirle la reincorporación a su puesto de trabajo, si su estado físico lo permitía, o mantenerle en suspenso el contrato, de no existir capacidad física para su desempeño, con exoneración del deber de cotización, ex artículo 106 LGSS, en relación a la DA 5ª del RD 1300/1995, o proceder a un despido disciplinario por ausencias injustificadas. En consecuencia, el despido es declarado improcedente, con opción a la empresa entre readmisión o indemnización, sin que proceda acordar la extinción indemnizada del contrato ya que, al preverse plazo de revisión para verificar agravación o mejoría en su estado de IP Total, el INSS considera que cabe que recupere capacidad para volver a desempeñar su profesión, con lo que estamos en un supuesto especial de suspensión del contrato por dos años, previsto en el artículo 48.2 ET.

La representación de la trabajadora interpuso, contra la sentencia del TSJ de Andalucía, recurso de casación para la unificación de doctrina, aportando como sentencia contradictoria, la STS 1092/2013, de 28 de enero de 2013 (rec. 149/2012).

La presente sentencia, siguiendo el criterio de la citada STS 1092/2013, de 28 de enero de 2013 (rec. 149/2012), corrige el criterio de la STSJ de Andalucía de 14 de mayo de 2014, entendiendo que sólo procede la extinción de la relación laboral mediante indemnización.

Fundamentos Jurídicos:

La STS de 23 de febrero de 2016, en su FJ Segundo distingue entre la declaración “ordinaria” de la incapacidad permanente y la declaración “especial” de incapacidad permanente.

La declaración «ordinaria» de Incapacidad Permanente (ex art. 143.2 TRLGSS – hoy 200.2 TRLGSS) dispone que en su declaración se «hará constar necesariamente el plazo a partir del cual se podrá instar la revisión por agravación o mejoría del estado invalidante profesional»; y respecto de la cual el art. 49.1.e) ET proclama su cualidad -tratándose de IPT, IPA o GI- de causa extintiva del contrato.

La declaración «especial» de Incapacidad Permanente (arts. 7 RD 1300/1995 y 48. ET), en cambio, únicamente es admisible:

 

  1. «cuando, a juicio del órgano de calificación, la situación del trabajador vaya a ser previsiblemente objeto de revisión por mejoría que permita su reincorporación al puesto de trabajo»;
  2. Se haga constar en la correspondiente resolución inicial de reconocimiento;
  3. Comporta la subsistencia de la relación de trabajo y la reserva del puesto de trabajo durante un periodo de dos años a contar desde la fecha de la resolución por la que se declare la IP;
  4. Y debe ser objeto de oportuna notificación al empresario.

De modo que: “la situación que prevé el art. 48.2 ET es la contraria, en cierto sentido, a la del art. 143.2 LGSS (hoy 200.2 LGSS). En el art. 48.2, precisamente a causa de la probabilidad de la mejoría del interesado, la revisión se ha de efectuar necesariamente en los dos años siguientes a la resolución que reconoció la IP. En cambio, en el art. 143.2 LGSS (200.2 LGSS) la revisión no se puede realizar en el tiempo inmediato posterior a la resolución del INSS, sino después de que se haya cumplido el plazo señalado en tal resolución”.

Teniendo en cuenta la anterior distinción, considera que al caso presente no es aplicable el art. 48.2 ET y, en consecuencia, debe aplicarse la doctrina de la imposibilidad readmisoria sobrevenida que limita el derecho de opción del empresario, forzando a que la sentencia declare la extinción indemnizada del contrato.[1]

Comentario

La Sentencia del TSJ de Andalucía entendió que el “plazo de revisión por agravación o mejoría” puede identificarse con la posibilidad recogida en el art. 48.2 ET. A pesar de la clara diferenciación conceptual del art. 143.2 LGSS y art. 48.2 ET, que viene precisada por el art. 10 .1 de la Orden 18 de enero de 1996, por la que se desarrolla el Real Decreto 1300/1995 de 21 de julio, sobre incapacidades laborales del sistema de la Seguridad Social: “El equipo de valoración de incapacidades (…) procederá a emitir y a elevar al Director provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social dictamen-propuesta, en relación con el supuesto de que se trate, sobre: “Determinación del plazo a partir del cual se podrá instar la revisión del grado de invalidez por agravación o mejoría; [y] Procedencia o no de la revisión por previsible mejoría de la situación de incapacidad del trabajador, a efectos de lo establecido en el art. 48.2 ET”, la “posibilidad” y la “probabilidad” ha planteado confusión en la doctrina judicial.

Es necesario que la resolución que declare el reconocimiento de la incapacidad permanente deba especificar si la situación de incapacidad es objeto de revisión por previsible mejoría que permita su reincorporación al trabajo y explicitar los motivos que contribuyen a pensar que es previsible que la incapacidad permanente sea transitoria y no confundirse con la genérica fijación de un plazo  para la  revisión ex art. 200. 2 TRLGSS. No es suficiente que se prevea una futura e indeterminada mejoría del trabajador.

En conclusión, para que el trabajador conserve su puesto de trabajo, es decir que se aplique la suspensión del art. 48.2 ET, en la resolución debe ser especificado el porqué de la previsible mejoría y si es dentro de dos años.

 

[1] La doctrina se aplica a “contratos temporales extinguidos con anterioridad a la sentencia; fallecimiento del trabajador acaecidas en idéntica circunstancia; o declaración de IP.” FJ Cuarto STS 1092/2013, de 28 de enero de 2013 (rec. 149/2012).

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