beneficiarios de la pension alimenticia

La pensión de alimentos

Por pensión de alimentos se entiende el deber de una parte a pagar una cierta cantidad de dinero con la finalidad de asegurar la subsistencia de una persona o varias personas. Prácticamente existen dos partes constituidas por parte acreedora y parte deudora que en el marco de esta figura recibiría el acreedor la denominación de alimentista, que tiene el derecho a exigir y recibir alimentos, mientras que al deudor se le llama alimentante, que tiene el deber legal y moral de prestarlos.

Que se entiende por alimentos nos lo dice el artículo 142 del Código Civil que reza así: “…todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica. Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aun después cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable…”.

La obligación, cuantía y forma de pago de la pensión de alimentos puede ser acordada de mutuo acuerdo por los cónyuges cuando pactan el convenio regulador, o venir impuesta por la sentencia que se dicte en los procedimientos de separación o divorcio contencioso.

La fijación de la cuantía es uno de los aspectos que más problemas generan a la hora de llegar a un acuerdo entre partes. Pero es necesario incidir que dicha cuantía varía en función de las posibilidades económicas del alimentante y el tipo de necesidades del beneficiario. En España existe un baremo orientador, para determinar las cantidades que deben abonarse por este concepto en los procesos de familia, elaborado por el Consejo General del Poder Judicial, que cada cinco años se actualiza.

La cuantía establecida en sentencia o convenio regulador se debe actualizar de acuerdo con el IPC y en casos de que, como se ha dado con la situación de crisis actual, no existen ingresos suficientes  para hacer frente al pago de la pensión se puede alterar la cuantía de la pensión por medio del correspondiente procedimiento de modificación de medidas. Hasta que se dicte la nueva sentencia, la cuantía que se ha de pagar es la fijada en la primera sentencia o convenio regulador.

¿Qué ocurre cuando se deja de abonar la pensión de alimentos por carecer de ingresos?

Una persona sin asesoramiento jurídico adecuado y sin conocimientos puede proceder a dejar de pagar la pensión por no tener ingresos suficientes para hacer frente al pago por propia decisión y sin respaldo jurídico alguno, considerando que no le va a pasar nada, porque realmente no tiene dinero. Dicho esto, advertir al lector que la situación no se resuelve de tal forma porque, puede que no se tenga ingresos suficientes pero si el deudor tiene una casa, un coche, etc., es decir un patrimonio, con él es con el que va a responder a la deuda procediéndose al embargo de dichos bienes, que serán subastados y con lo que se obtenga se abonaránpension-de-alimentos las pensiones de alimentos adeudadas.

El incumplimiento de la obligación de prestar alimentos acarrea no solamente un proceso de ejecución sobre los bienes del alimentante sino también la posibilidad de ingresar en prisión porque se incurre en un delito de impago de pensiones alimenticias que viene establecido por el art. 227.1 del Código Penal. Es más, aunque en prisión, el alimentante debe hacer frente al pago de la pensión. La prueba de que carecer de ingresos no exime de pagar la pensión de alimentos es la Sentencia del Tribunal Supremo de la Sala de lo Civil 564/2014, de fecha de 14 de octubre que establece como doctrina que “la obligación del pago de la pensión de alimentos a los hijos menores no se extingue por el hecho de haber ingresado en prisión el progenitor que debe prestarla si al tiempo no acredita la falta de ingresos o recursos para poder hacerlos efectivos”. En consecuencia, aunque se carezca de ingresos y se entre en prisión, si se tiene patrimonio, se paga.

¿Cuál es la solución para evitar la prisión y realmente dejar de pagar la pensión de alimentos?

Para responder a la pregunta planteada hay que ir por partes. En primer lugar, cuando una persona que, por sentencia, tiene que pagar alimentos no puede pagarlos por carecer de medios- ingresos y patrimonio-, lo que debe hacer es iniciar un procedimiento de modificación de medidas y solicitar que se reduzca la pensión, se suspenda la obligación de pagar alimentos  o se suprima, aunque en la práctica lo que significa suprimir no se suprime sino que en los supuestos extremos se procede a fijar pensiones simbólicas o, de forma excepcional, se  suspende de forma temporal la obligación de prestar alimentos. La duda que asalta a todo el mundo es: “si no tengo dinero para pagar la pensión de alimentos, ¿cómo voy a pagar a un abogado y procurador para que lleven el procedimiento de modificación de medidas?” La respuesta es simple: solicitando abogado y procurador de oficio.

La principal ventaja  de instar un procedimiento de modificación de medidas para que se reduzca la pensión alimenticia es que si se estima la demanda (total o parcial) la cantidad a pagar se verá reducida en comparación con lo fijado por la sentencia inicial con cara al futuro. Otra ventaja es que a la hora de iniciarse un procedimiento penal por impago de pensiones, el haber iniciado un procedimiento de modificación de medidas para reducir la pensión suele ser un argumento que ayuda a la hora de articular la defensa que, en la mayoría de los casos, es tenido en cuenta no sólo para atenuar la pena sino incluso para dictar una sentencia absolutoria.

¿Cuándo se extingue la obligación de pagar pensión de alimentos?

El art. 152 del Código Civil establece que la obligación de dar alimentos cesa:  por muerte del alimentista; cuando la fortuna del alimentante se hubiere reducido hasta el punto de no poder satisfacerlos sin desatender  sus propias necesidades y las de su familia; cuando el alimentista haya mejorado de fortuna; cuando el alimentista hubiese cometido alguna falta de las que dan lugar a la desheredación o cuando la conducta del alimentista para obtener la pensión alimenticia provenga  de mala fe o falta de aplicación al trabajo.

Con carácter general, estas son las causas por las que se puede extinguir la obligación de pagar alimentos, sin embargo para que surtan efecto en la práctica es más difícil. Un alimentante o padre que debe abonar la pensión alimenticia puede conseguir la tranquilidad de no hacer frente a pensiones alimenticias ni retrasos de dichas pensiones cuando un juez así lo dicte por sentencia, y eso será posible sólo cuando se inicia un procedimiento de modificación de medidas definitivas.  Es muy común en la práctica que los alimentantes dejen de pagar la pensión alimenticia por haber alcanzado la mayoría de edad el alimentista, pero tal pensamiento es erróneo debido a que la pensión se debe pagar hasta que los hijos son independientes económicamente, es decir, hasta que se mantienen por sus propios medios.

divorcio

¿Dónde tengo que presentar la demanda de divorcio en Rumanía o en España?

divorcio

En el presente artículo se aborda el tema del divorcio, que preocupa a muchos ciudadanos de nacionalidad rumana que viven en España, con la finalidad de aclarar algunas de las dudas que pueden surgir con la presentación de una demanda de divorcio.

La primera duda: Si estoy casado en Rumanía pero tengo mi residencia en España ¿Dónde tengo que presentar la demanda de divorcio en Rumanía o en España?

Respuesta: Con la duda planteada arriba lo que se quiere conocer es que Tribunal/Juzgado es competente para conocer de la demanda de divorcio y para dar una respuesta correcta a la pregunta se toma como criterio la residencia para determinar qué Tribunal/Juzgado es competente. Según el Reglamento (CE) n° 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental será competente el órgano judicial en cuyo territorio se encuentre:

  • “ La residencia habitual de los cónyuges, o
  • El último lugar de residencia habitual de los cónyuges, siempre que uno de ellos aún resida allí, o
  • La residencia habitual del demandado, o
  • En caso de demanda conjunta, la residencia habitual de uno de los cónyuges, o
  • La residencia habitual del demandante si ha residido allí durante al menos un año inmediatamente antes de la presentación de la demanda, o
  • La residencia habitual del demandante en caso de que haya residido allí al menos los seis meses inmediatamente anteriores a la presentación de la demanda.”

Para entender mejor lo arriba expuesto se ejemplifican situaciones enumeradas a continuación que determinan como competente el Juzgado de España para conocer de la demanda de divorcio:

  • los cónyuges rumanos residen en España,
  • tuvieron la residencia habitual en España durante los últimos años,
  • los niños del matrimonio viven en España o
  • el paradero del demandado es desconocido y el demandante vive en España.

¿Qué ocurre si de la demanda de divorcio conoce el Tribunal rumano pero el que es competente es el Juzgado español?  En este caso la sentencia dictada por el Tribunal rumano será nula y no podrá ser reconocida en ningún otro estado, lo que implica que todos sus esfuerzos han sido en vano.

Segunda duda: Si yo estoy casado en Rumanía ¿Qué ley se aplica? ¿La ley española o la ley rumana?

Respuesta: El reglamento comunitario arriba mencionado nos indica que la ley aplicable a un supuesto de dos ciudadanos de nacionalidad rumana que residen en España y divorcian en España es aplicable la ley de la nacionalidad de ambos cónyuges. En consecuencia, la ley aplicable a un divorcio llevado a cabo en un Juzgado español en el caso de dos ciudadanos de nacionalidad rumana es la ley rumana.

En consecuencia, el abogado que conocerá de su caso deberá conocer la ley de enjuiciamiento civil español, el reglamento comunitario 2201/2003 y el código civil rumano al mismo tiempo para poder llevar a cabo un divorcio internacional.

Para entender mejor lo explicado arriba pongo el siguiente  ejemplo:

Antecedentes de hecho

  • La madre y el niño residen en España, el padre vive en Rumanía.
  • La madre presenta una demanda de divorcio en España y exige la custodia del niño.
  • Es competente el Juzgado de Primera Instancia de España

El abogado de la madre presenta la demanda de divorcio y exige la custodia del niño para la madre. Indica al Juzgado que desconoce el paradero del demandado. El Juzgado de Primera Instancia efectúa las oportunas diligencias de búsqueda del paradero del demandado en el territorio español sin éxito. En consecuencia, el Juzgado procede a juzgar el caso en ausencia del demandado y dicta una sentencia en la que disuelve el matrimonio entre las partes y concede la custodia del menor a la madre.

Con posterioridad, el padre recibe a través del correo postal, una carta, en su dirección de Rumanía, que contenía la sentencia definitiva e irrevocable dictada por el Juzgado español. El remitente de la carta era la madre del niño, avisando personalmente al padre que había perdido la custodia del niño.

El padre al tener conocimiento de la situación se pone en contacto con un abogado rumano de España. El abogado interpone recurso y solicita la nulidad de la sentencia alegando la ausencia del demandado al proceso y su desconocimiento sobre el mismo, demostrando que las declaraciones de la demandante eran falsas  y que conocía perfectamente el paradero del demandado pero prefirió actuar con mala fe incurriendo en fraude procesal.

Solución

El Juzgado de Primera Instancia de España estimó el recurso interpuesto por el abogado del padre y declaró la nulidad de la sentencia dictada, considerando que sus intereses fueron lesionados.

vida familiar

¿Puede el hijo de un padrastro o madrastra que tiene la condición de trabajador migrante beneficiar de ventajas sociales?

vida familiar

La pregunta formulada en el título del presente artículo es la que ha sido objeto de tres cuestiones prejudiciales, redactadas en términos idénticos excepto un detalle, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por parte del Tribunal Supremo de lo Contencioso – Administrativo de Luxemburgo (la Cour Administratif de Luxembourg) al amparo del art. 267 TFUE.

El Derecho luxemburgués prevé que los hijos de los trabajadores fronterizos que trabajan en Luxemburgo o ejercen su profesión en dicho país puedan solicitar una ayuda financiera («beca») para cursar estudios superiores siempre que, entre otros requisitos, el trabajador fronterizo haya trabajado en Luxemburgo durante un período ininterrumpido de cinco años en el momento de presentar la solicitud.

Noémie Depesme, Adrien Kaufmann y Maxime Lefort viven cada uno en una familia reconstituida, formada por su madre genética y su padrastro[1] respectivamente. Cada una de estas tres personas solicitó becas en Luxemburgo, al haber trabajado allí, de modo ininterrumpido desde hace más de cinco años, sus respectivos padrastros (en cambio, ninguna de las madres trabaja en dicho país). Las autoridades luxemburguesas desestimaron estas solicitudes, debido a que la Sra. Depesme y los Sres. Kaufmann y Lefort no eran jurídicamente «hijos» de un trabajador fronterizo, sino sólo «hijastros».

Los tres estudiantes impugnaron las resoluciones de las autoridades luxemburguesas, la Cour administratif de Luxembourg, que conoce del asunto, pregunta esencialmente al Tribunal de Justicia si, en materia de ventajas sociales, también deben incluirse en el concepto de «hijo» a los hijastros. Es decir, se trata de determinar si el vínculo de filiación puede ser considerado desde un punto de vista que no sea jurídico, sino económico.

 

“La cuestión planteada, en su formulación más completa, es la siguiente:

«A fin de satisfacer debidamente los requisitos de no discriminación a los efectos de lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2, del Reglamento [n.º 492/2011], en relación con el artículo 45 TFUE, apartado 2, a la luz del artículo 33, apartado 1, de la Carta, conjuntamente, en su caso, con su artículo 7, en el marco de la consideración del grado real de conexión de un estudiante no residente, que solicita una ayuda económica para estudios superiores, con la sociedad y el mercado de trabajo de Luxemburgo, Estado miembro donde un trabajador transfronterizo está empleado o ejerce su actividad en las condiciones previstas en el artículo 2 bis de la Ley [de 22 de junio de 2000 modificada], promulgada como consecuencia directa de la sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de junio de 2013[, Giersch y otros (C‑20/12, EU:C:2013:411)],

–        ¿debe determinarse el requisito de que dicho estudiante sea “hijo” de dicho trabajador transfronterizo como equivalente para él de “descendiente en línea directa y en primer grado cuya filiación se presume legalmente con respecto a su autor”, haciendo hincapié en el vínculo de filiación acreditado entre el estudiante y el trabajador transfronterizo, en el que se basaría el vínculo de conexión exigido?, o bien

–        ¿debe insistirse en el hecho de que el trabajador transfronterizo “continúa sufragando los gastos de manutención del estudiante” sin que necesariamente un vínculo jurídico de filiación le una a él, forjándose así un vínculo de comunidad de vida suficiente para vincularlo a uno de los padres del estudiante con respecto al cual el vínculo de filiación sí está jurídicamente establecido?

Desde este segundo punto de vista, la contribución, presuntamente no obligatoria del trabajador transfronterizo, en caso de no ser exclusiva, sino paralela a la del progenitor o de los progenitores unidos por un vínculo jurídico de filiación con el estudiante y por ende sujetos en principio a una obligación legal de alimentos respecto al mismo, ¿debe ajustarse a ciertos criterios de relevancia?”

El Abogado General Melchior Wathelet recuerda, en sus conclusiones, que según el Reglamento nº 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión, un trabajador nacional de un Estado miembro debe gozar en cualquier otro Estado miembro en el que trabaje de las mismas ventajas sociales y fiscales que los trabajadores nacionales. Asimismo recuerda que en materia de ciudadanía de la Unión, la Directiva 2004/38[2] define a los hijos como «los descendientes directos menores de 21 años o a cargo y los del cónyuge o de la pareja». A su juicio, la familia de un ciudadano de la Unión debe ser la misma que la de los ciudadanos de la Unión cuando éstos son percibidos en su condición de «trabajador». También señala que el Tribunal de Justicia ya ha declarado, en materia de escolarización de hijos (incluida en el ámbito de aplicación del mismo Reglamento) que tanto los descendientes del trabajador migrante como los de su cónyuge tienen derecho a ser admitidos en el sistema educativo del Estado miembro de acogida[3]. El propio legislador de la Unión ha confirmado, en una directiva[4] reciente cuyo ámbito de aplicación es idéntico al del citado Reglamento, la unidad del concepto de «miembros de la familia», en el sentido de que los hijos del cónyuge de un trabajador fronterizo deben ser considerados «miembros de la familia» de ese trabajador. El Abogado General considera que esta interpretación es conforme con la interpretación de la «vida familiar», protegida por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y que, por otro lado el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha apartado progresivamente del criterio relativo al «vínculo de parentesco» para reconocer la posibilidad de «vínculos familiares de hecho»[5].

El Abogado General concluye que un hijo que no tiene un vínculo jurídico con el trabajador migrante pero que responde a la definición de «miembro de la familia» a efectos de la Directiva 2004/38 debe tener la consideración de hijo de este trabajador y, por tanto, tener derecho a las ventajas sociales previstas en el Reglamento susodicho.

En lo que refiere al nivel de contribución necesario para el mantenimiento de un estudiante con el que el trabajador fronterizo no tiene vínculo jurídico, el Abogado General recuerda que la calidad de miembro de la familia a cargo resulta de una situación de hecho[6], por lo que esta jurisprudencia debe aplicarse también a la contribución que realiza un cónyuge respecto de sus hijastros. De este modo, la contribución a la manutención del hijo puede demostrarse por medio de elementos objetivos, como el matrimonio o la unión registrada o un domicilio común, sin que sea necesario determinar los motivos por los que se recurre a este apoyo ni calcular su cuantía de forma precisa.

[1]  En el presente asunto, por “padrastro” ha de entenderse el varón, distinto del padre genético, con el que la madre se ha casado o ha celebrado una unión registrada equivalente al matrimonio. Del mismo modo, la expresión “hijastro” debe entenderse en el presente asunto como el hijo cuya madre genética se ha casado o ha celebrado una unión registrada equivalente al matrimonio con un varón distinto al padre genético.

[2] Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO L 158, p. 77, y corrección de errores en DO 2004, L 229, p. 35)

[3] Sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de septiembre de 2002, Baumbast y R (C-413/99).

[4]  Directiva 2014/54/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 abril de 2014, sobre medidas para facilitar el ejercicio de los derechos conferidos a los trabajadores en el contexto de la libre circulación de los trabajadores (DO L 128, p. 8)

[5] Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 22 de abril de 1997, dictada en el asunto X, Y et Z c. Reino Unido (nº 21830/93, §§ 36 y 37

[6] Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de junio de 1985, Lebon (C-316/85

recursos.economicos

El Tribunal Supremo: manutención de un menor a cargo de la Administración

recursos.economicos¿Qué sucede con la manutención de los menores cuando los padres carecen de recursos económicos?

Las crises familiares han acabado en separaciones y divorcios pero al estar de por medio menores se les otorga una amplia protección y siempre hay que velar por sus derechos e intereses. La crisis económica y financiera que atraviesa en la actualidad el Estado español hace que los progenitores se vean incapaces de hacer frente a la obligación de pagar la pensión de alimentos. Sobre un supuesto de falta de recursos económicos de los progenitores versa la Sentencia del Tribunal Supremo  184/2016 de 18 de marzo de 2016 (Rec. 2541/2014), que ha señalado la obligación de los servicios sociales de la Administración Pública a cubrir la manutención de un menor ante la incapacidad económica del padre a hacer frente a la misma por encontrarse en situación de pobreza extrema.

La Sala de lo Civil ha fallado a favor de un padre divorciado que recurrió la sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife después de elevar -por demanda de su ex cónyuge – la manutención mensual de 63 a 125 euros. Además de esta cantidad en concepto de pensión de alimentos, también tenía que hacer frente al 50% de los gastos extraordinarios de la educación, crianza o instrucción del menor. El alto tribunal da la razón a este padre y confirma la sentencia fijada en primera instancia al considerar que la obligación del padre hacia el menor “cesa cuando la fortuna del obligado a darlos se hubiere reducido hasta el punto de no poder satisfacerlos sin desatender sus propias necesidades“. “Estamos pues ante un escenario de pobreza absoluta que exigiría desarrollar aquellas acciones que resulten necesarias“, argumenta la Sala recurriendo a la doctrina fijada en otras tantas sentencias. En este caso, tras el divorcio, el padre –que dejó de recibir la prestación por desempleo en abril de 2012- vive con su madre y es ésta quien tiene que ayudarle con los gastos ordinarios. Por su parte, la ex cónyuge no tiene un empleo fijo y realiza trabajos esporádicos como limpiadora, debiendo asumir el pago del alquiler de 300 euros de la vivienda en la que reside con el hijo en común. La discrepancia se encuentra en que la Audiencia entendió que los 63 euros que sí puede pagar el padre no dan cobertura al mínimo vital y que el interés del hijo es prioritario. “De inicio se ha de partir de la obligación legal que pesa sobre los progenitores basada en un principio de solidaridad familiar“, explica el Supremo que, no obstante, añade que “ante una situación de dificultad económica habrá que examinarse el caso concreto“. “Lo normal sería fijar siempre en supuestos de esta naturaleza un mínimo que contribuya a cubrir los gastos repercutibles más imprescindibles para la atención y cuidado del menor, y admitir sólo con carácter muy excepcional, con criterio restrictivo y temporal, la suspensión de la obligación“, argumenta la Sala. Tal doctrina se reiteró en la STS de 2 de marzo de 2015, Rc. 735/2014 (LA LEY 10078/2015), en la que recoge que: «El interés superior del menor se sustenta, entre otras cosas, en el derecho a ser alimentado y en la obligación de los titulares de la patria potestad de hacerlo “en todo caso”, conforme a las circunstancias económicas y necesidades de los hijos en cada momento, como dice el artículo 93 del Código Civil (LA LEY 1/1889) , y en proporción al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe, de conformidad con el artículo 146 CC (LA LEY 1/1889) . Ahora bien, este interés no impide que aquellos que por disposición legal están obligados a prestar alimentos no puedan hacerlo por carecer absolutamente de recursos económicos, como tampoco impide que los padres puedan desaparecer físicamente de la vida de los menores, dejándoles sin los recursos de los que hasta entonces disponían para proveer a sus necesidades.

Según la doctrina que se recoge en las citadas sentencias y atendiendo a la situación precaria del mínimo vital de la unidad familiar, resulta ilusorio querer salvar el “mínimo vital” del hijo. La solución a tales situaciones es recogida por las sentencias más arriba mencionadas debiendo ser las Administraciones Publicas a través de servicios sociales las que remedien aquellas situaciones en que tales mínimos no estén cubiertos.