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Efectos de la declaración de nulidad del préstamo hipotecario en divisas en el IRPF

A raíz de la consulta realizada por un ciudadano que tenía suscrito un contrato de préstamo hipotecario en divisas con una determinada entidad bancaria y que ha conseguido la declaración judicial de la nulidad del clausulado en divisas del préstamo hipotecario, hemos podido constatar de la mano de la Dirección General del Tributo cuales son los efectos de dicha declaración judicial en materia del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Como consecuencia de la declaración judicial de nulidad del clausulado en divisas del préstamo hipotecario, la entidad bancaria se vio obligada restituir al hipotecado las cantidades pagadas de más en concepto de diferencia de pagos en cuotas de amortización, por comisiones de cambio y por intereses legales desde la respectiva fecha de pago.

¿Han de tributar en el IRPF todas aquellas cantidades que percibe el hipotecado como consecuencia de la declaración de nulidad del préstamo hipotecario en divisas?

El primer efecto de la declaración de nulidad del clausulado en divisas del préstamo hipotecario es tener por no puesta esa parte del clausulado lo que conlleva su conversión o transformación a un préstamo en euros con índice de referencia EURIBOR y la restitución de las cantidades pagadas de más por el hipotecado.

La DGT en su Consulta Vinculante de V0161-19, de 25 de enero de 2019, resolvió que la restitución de las cantidades pagadas de más no constituye renta alguna sujeta al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

En caso de que el hipotecado hubiera incluido las cantidades que ahora le son restituidas en la base de la deducción por inversión en vivienda habitual ¿Qué ha de hacer el hipotecado en calidad de contribuyente? En este caso, el hipotecado contribuyente deberá efectuar la oportuna regularización tributaria, al perder el derecho a practicar la deducción en relación con las mismas. La regularización se realizaría conforme artículo 59 del Reglamento del IRPF, incluyendo las cantidades indebidamente deducidas por inversión en vivienda habitual a las cuotas devengadas en el ejercicio del incumplimiento de los requisitos más los intereses de demora correspondientes.

Respecto de los intereses legales decir que el hipotecado los percibe en concepto de resarcir los daños y perjuicios sufridos, por lo cual, su naturaleza es indemnizatoria y no pueden ser calificados como rendimientos del capital mobiliario, sino que los mismos tributarán como ganancia patrimonial, debiendo integrarse en la base imponible del ahorro.

Plusvalia municipal

La plusvalía municipal tras la sentencia del Tribunal Supremo

¿Qué es la plusvalía municipal?

La plusvalía municipal es un impuesto que grava el incremento del valor experimentado -a lo largo de un periodo máximo de 20 años- por los terrenos de naturaleza urbana. Es un tributo establecido por los ayuntamientos, de naturaleza directa y se aplica en los casos de compraventa o permuta, donación y herencia. El propio ayuntamiento decide si exige o no dicho impuesto a los contribuyentes y establece los tipos impositivos aplicables mediante ordenanza fiscal. Lo que tributa es únicamente el valor del suelo, por tanto, el valor de la construcción no se tiene en consideración.

¿Quién ha de pagar la plusvalía municipal?

Para responder correctamente a esta pregunta tenemos que diferenciar el tipo de operación que se lleva a cabo. Es decir, si estamos ante una donación, el obligado a pagar o sujeto pasivo del impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana es el adquirente del terreno a cuyo favor se constituye el derecho real. En cambio, si estamos ante una compraventa el sujeto pasivo es el transmitente del terreno, es decir, el vendedor es el que tiene que asumir la plusvalía municipal. Hay una excepción a esta regla y es cuando el vendedor es una persona no residente en España. En ese caso, el comprador sustituye al vendedor y ha de afrontar el pago de la plusvalía municipal.

¿Por qué se ha vuelto polémico el pago de la plusvalía municipal?

La razón que confiere este aire polémico al impuesto municipal es que se aplica con independencia de si existe o no beneficio para el contribuyente. Esto es, en tanto en cuanto el valor catastral del suelo crece el contribuyente estará obligado a tributar por plusvalía municipal sin importar que con dicha venta perdiera dinero o que el valor real del suelo no hubiera cambiado. Durante el esplendor del boom inmobiliario, el impuesto tenía sentido porque los inmuebles siempre se revalorizaban. Pero, con la llegada de la crisis, la situación cambió, y los afectados acudieron a los tribunales, incluso hasta el Tribunal Constitucional.

En fecha de 11 de mayo de 2017, el Tribunal Constitucional dicto sentencia estimando la cuestión de inconstitucionalidad declarando que: “los artículos 107.1, 107.2 ª a todos ellos del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, son inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor”. Esto es, se declara la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales con base en que “vulneraban el principio constitucional de capacidad económica” por gravar operaciones con pérdidas por la “mera titularidad del terreno“.

Este hecho hizo que los afectados demandasen a los ayuntamientos solicitando la devolución de cantidades indebidamente pagadas.

El alcance de la Sentencia del Tribunal Supremo

La Sentencia del Tribunal Supremo viene a matizar el alcance de la inconstitucionalidad de los artículos previstos por la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en el sentido de que la misma es sólo “parcial” y que “resultan plenamente aplicables en todos aquellos supuestos en los que el obligado tributario no ha logrado acreditar que la transmisión no ha puesto de manifiesto un incremento de su valor” y aclara que la carga de la prueba para acreditar que no hubo una “plusvalía real y efectiva” con la venta corresponde al contribuyente.

¿Qué efectos tiene dicha matización sobre los contribuyentes?

En primer lugar, aquellos que tienen una ganancia con la venta del inmueble no tendrán derecho a ningún tipo de devolución.

En segundo lugar, aquellos que quieren reclamar la devolución del dinero del Ayuntamiento por considerar que han pagado de más, dado que con la venta del inmueble han sufrido una pérdida tienen que demostrarlo, aunque sea de manera indiciaria. Las escrituras públicas servirían como prueba al reflejar la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión.

En caso de que se ha de realizar alguna comprobación correspondería a la Administración.

En conclusión, tras la Sentencia del Tribunal Supremo, los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4, de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que regulan el cálculo de la base imponible del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, podrán anularse solo cuando se haya probado por parte del contribuyente, aunque sea de manera indiciaria, la existencia de una pérdida de valor. Estamos ante unos artículos cuya inconstitucionalidad es sólo “parcial”.

declaracion de la renta fuera de plazo

¿Me sanciona Hacienda por presentar la declaración de renta fuera de plazo?

Hoy, 2 de julio de 2018 es el último día para presentar en tiempo la declaración anual de renta 2017. Ha sido larga la campaña de la renta 2017 pero ya ha llegado a su fin. ¿Qué pasa si se nos ha pasado el plazo? ¿Puede Hacienda sancionarnos?

Por diversas circunstancias se nos puede haber pasado el plazo para presentar la declaración de la renta y, aunque está claro que no es la mejor situación, tampoco hay que alarmarse, porque hacer la declaración se puede, pero, eso sí, Hacienda tiene derecho a solicitar el pago de una multa, es decir, que no nos saldrá gratis. En este sentido, mencionar el artículo 27 de la Ley General Tributaria que confiere la potestad a la Hacienda a solicitar el pago de una multa por realizar la declaración de la renta fuera de plazo o un recargo cuyo porcentaje a aplicar varía en función del período que se tarda en presentar la declaración. El porcentaje del recargo a aplicar podrá ser de 5, 10 o 15 por ciento si la declaración se efectúa dentro de los tres, seis o doce meses siguientes al término del plazo establecido para la presentación. Si la declaración de renta se presenta una vez transcurridos los 12 meses desde el término del plazo establecido para la presentación, el recargo será del 20 por ciento más los intereses de demora.

¿Cuáles son las consecuencias de presentar la renta fuera del plazo?

La repercusión de las consecuencias de realizar tardamente la declaración de renta difiere en función de quien notifique el error, esto es, si es el propio contribuyente quien, de forma espontánea y voluntaria, decide presentar la declaración de renta fuera de plazo o si es Hacienda quien tiene que notificarle su olvido e instarle a declarar. Sobra decir que si el recordatorio viene de parte de Hacienda las consecuencias serán peores. Recordar que Hacienda dispone de un plazo de 4 años para revisar las declaraciones de los contribuyentes.

Cuando es el contribuyente quien declara de forma voluntaria, normalmente, se le puede imponer una multa de entre 100 y 400 euros, por considerarse la no presentación de la declaración de la renta a tiempo una infracción leve. Bien es cierto que la cuantía de la sanción que se exige al contribuyente suele ser de 100 euros cuando presenta de forma voluntaria, pero, en ocasiones, incluso no se impone ningún tipo de multa. Esa situación se genera más por un descuido de la propia Administración.

Si el resultado de la declaración es a ingresar además se deberá añadir el pago de un recargo cuyo porcentaje varía en función del tiempo transcurrido. Es posible reducir un 25 por ciento el recargo de los importes cuando se muestra conformidad con la sanción impuesta según lo establecido en el apartado cinco del artículo 27 de la ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

Ahora bien, si es Hacienda cuando reclama la realización de dicha declaración, incluso cuando el resultado de la declaración pueda ser a devolver, la situación empeora. Lo que acabo de decir es importante porque hay mucha gente que considera que si el resultado de la declaración sería a devolver Hacienda no obligará a dicho contribuyente tramitar la declaración de la renta. Eso no es cierto, la obligación de declarar no tiene nada que ver con el resultado final de la renta. No confíes en que Hacienda no persigue este tipo de infracciones porque el resultado del impuesto a pagar es favorable al contribuyente. Cuando la administración detecta estos fallos inicia el proceso sancionador y pagarás la multa sí o sí. Por tanto, hay que diferenciar claramente entre obligación y resultado de la presentación de la declaración de renta.

Si la Agencia Tributaria descubre la falta de presentación de la declaración y el contribuyente estaba obligado a ello, y, además, el resultado de la declaración sería a ingresar, se establece una sanción adicional, que sería desde el 50 por ciento hasta el 150 por ciento de la cantidad a ingresar, más el interés de demora por el tiempo transcurrido.

Conclusiones

A partir de mañana estarás presentando la declaración de la renta, si no lo has hecho hasta ahora, fuera del plazo marcado por la Agencia Tributaria, que era desde el 4 de abril hasta el 2 de julio de 2018.

Muchas veces lo que importa es el transcurso del tiempo, por tanto, cuanto más tiempo tardas en presentar la declaración de la renta mayores serán los recargos y los intereses de demora a pagar.

Diferenciar entre obligación de presentar la declaración del IRPF y el resultado de la declaración.