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SE SIMPLIFICAN LOS REQUISITOS DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS EN LA UE

Todos aquellos ciudadanos de la Unión Europea que necesitan realizar determinados trámites ante la Administración Española verán simplificado el proceso debido al cambio de los requisitos respecto de la presentación de los documentos públicos emitidos por otros Estados Miembros. Ello ha sido posible con la publicación del Reglamento (UE) 2016/1191 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, por el que se facilita la libre circulación de los ciudadanos simplificando los requisitos de presentación de determinados documentos públicos en la Unión Europea y por el que se modifica el Reglamento (UE) n º 1024/2012. Sin embargo, la aplicación en la praxis administrativa del mencionado Reglamento es a partir del pasado 16 de febrero de 2019, por tanto, relativamente muy reciente.

¿En que consiste la simplificación de los requisitos para la presentación de documentos públicos?

La finalidad perseguida no es otra que la de eximir de la obligación de apostillar, legalizar y traducir determinados documentos públicos expedidos por organismos públicos de un Estado Miembro cuando van a ser presentados en otro organismo público de otro Estado Miembro.

Por ejemplo: Una pareja de nacionalidad rumana decide casarse en España. Dicha pareja, antes de la aplicación del Reglamento (UE) 2016/1191, debía presentar, entre otros documentos públicos, sus actas de nacimiento con la apostilla de la Haya y traducidas, para el expediente matrimonial. A partir de 16 de febrero de 2019, se ha suprimido la obligatoriedad del sello de autenticidad, esto es, la apostilla de la Haya, para las actas de nacimiento y respecto de la traducción también se ha suprimido, mientras el acta de nacimiento va acompañada del impreso estándar multilingüe o plurilingüe. La autoridad española sólo podrá exigir la traducción del documento público en circunstancias excepcionales.

¿Cuál es el ámbito de aplicación del Reglamento?

El Reglamento es aplicable a los documentos públicos expedidos por las autoridades de un Estado Miembro de conformidad con su Derecho nacional que han de ser presentados a las autoridades de otro Estado Miembro y cuyo objetivo es establecer: el nacimiento; que una persona está viva; la defunción; el nombre; el matrimonio, incluida la capacidad para contraer matrimonio y el estado civil; el divorcio, la separación judicial y la anulación del matrimonio; la unión de hecho registrada, incluida la capacidad para inscribirse como miembro de una unión de hecho y la condición de miembro de una unión de hecho registrada; la cancelación del registro de una unión de hecho, la separación judicial o la anulación de una unión de hecho registrada: la filiación; la adopción; el domicilio o la residencia; la nacionalidad y la ausencia de antecedentes penales, siempre que los documentos públicos al respecto sean expedidos a un ciudadano de la Unión por las autoridades del Estado Miembro del que tiene la nacionalidad.

Este Reglamento no se aplica a los documentos públicos expedidos de países terceros o a las copias certificadas de los documentos relativos a actas o partidas de nacimiento realizadas por las autoridades de un Estado Miembro.

Desde luego que suprimir formalidades respecto de los documentos públicos expedidos por las autoridades de otro Estado Miembro de la UE contribuirá a una enorme agilización de nuestros procedimientos ante las Administraciones públicas españolas, pero no tenemos que obviar que la autenticidad de un documento es cosa diferente de su reconocimiento por el Estado receptor y por tanto hay que estar a las disposiciones de las autoridades españolas.

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